Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar al dr Leonel Manzano, consultor externo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien amablemente visitó las instalaciones del colegio. Comentó haber revisado los artículos de la revista, aclaró la importancia que el manual de convivencia tiene como pacto social y forma de acuerdo democrática, en este sentido lo comparó a una constitución. Hizo referencia a la normativa que le regula desde la Constitución Nacional, el código de Infancia y Adolescencia, la ley General de Educación y el decreto 1860 del 94.
Luego nos recordó la importancia de tener en cuenta que nuestras decisiones en términos de convivencia tienen unas implicaciones administrativas que hacen obligatorio el cumplimiento del principio constitucional del debido proceso. Nos dio ejemplos de casos en los que no contar con una debida documentación, o poner la responsabilidad institucional en los hombros del criterio personal en momentos de decisiones delicadas o urgentes constituye una grave falta contra los derechos de los estudiantes. Hubo anécdotas muy ejemplarizantes sobre la importancia de los formatos de remisión de casos a coordinación y orientación, la necesidad de levantar una carpeta de historia escolar de los estudiantes y como decisiones disciplinarias comunes pueden estar jurídica y administrativamente erradas.
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Luego nos recordó la importancia de tener en cuenta que nuestras decisiones en términos de convivencia tienen unas implicaciones administrativas que hacen obligatorio el cumplimiento del principio constitucional del debido proceso. Nos dio ejemplos de casos en los que no contar con una debida documentación, o poner la responsabilidad institucional en los hombros del criterio personal en momentos de decisiones delicadas o urgentes constituye una grave falta contra los derechos de los estudiantes. Hubo anécdotas muy ejemplarizantes sobre la importancia de los formatos de remisión de casos a coordinación y orientación, la necesidad de levantar una carpeta de historia escolar de los estudiantes y como decisiones disciplinarias comunes pueden estar jurídica y administrativamente erradas.
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